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En la era digital los partidos políticos, los candidatos, las instituciones electorales, los abogados, los jueces y los empleados del poder judicial están haciendo uso de diversas tecnologías, especialmente de la inteligencia artificial (IA) y el big data, para transformar las dinámicas propias de las sociedades democráticas y el Estado Social de Derecho.

Desde la perspectiva de la inteligencia artificial y las elecciones, y de conformidad a los recientes estudios, se observa que el análisis predictivo se utiliza entre otros para identificar las preferencias del electorado, examinar los sentimientos y opiniones de los ciudadanos, asociar patrones y adoptar decisiones estratégicas o comunicativas en los contextos democráticos y políticos.

Asímismo, se advierte que la inteligencia artificial tiene un alto impacto en la gestión “óptima” de los procesos administrativos y de identificación biométrica de los votantes, el procesamiento de los datos, la tabulación, el recuento de los votos y otras iniciativas asociadas a la logística electoral, incluidas, las propuestas para la detección de fraudes o anomalías asociadas a la manipulación electoral y el desarrollo de herramientas para fortalecer la seguridad cibernética en el proceso electoral.

En lo que atañe a la temática de la inteligencia artificial y la justicia se revela que los usos más comunes de esta tecnología incluyen entre otras aplicaciones las orientadas a la recopilación de la información, la realización y análisis de grandes volúmenes de datos de carácter legal, la búsqueda,  preparación y revisión de argumentos con base a decisiones anteriores, la predicción de resultados legales encaminados a determinar la probabilidad de éxito o fracaso de una controversia judicial, la optimización de los procesos y las decisiones, la innovación en la prestación del servicio público de administrar justicia y la identificación de actividades procesales fraudulentas.

Con lo anterior como contexto y a sabiendas que tradicionalmente en los Estados de Derecho se ejerce un control de legalidad a los actos que se expidan en los procesos electorales y que, en el sector justicia, la inteligencia artificial también se utiliza entre otras cosas para contrarrestar los altos índices de congestión judicial, reducir la burocracia, agilizar y optimizar algunos aspectos relevantes de orden sustancial y procesal para mejorar la prestación del servicio, se considera imprescindible analizar estas dos temáticas de manera transversal y estructural. 

Finalmente es importante señalar que si bien los anteriores avances son algunos de los muchos ejemplos de los beneficios de la inteligencia artificial en las sociedades actuales, se estima imprescindible analizar estos y otros usos en aras de garantizar la integridad y la legitimidad de los sistemas democráticos y de derecho en el mundo, máxime cuando se evidencian fenómenos como la desinformación y las deepfakes, la segmentación y la microsegmentación, la generación, la difusión y redifusión de forma masiva de contenidos que en algunas ocasiones son automatizados y que a veces desdibujan la distinción entre la no ficción y la ficción, la existencia de comportamientos inauténticos, la amplificación de los sesgos existentes a través de algoritmos, la falta de transparencia, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, la ausencia de mecanismos que garanticen la privacidad de la información, la falta de interpretabilidad humana, la vulneración de derechos fundamentales, etc. 

Patrocinadores: Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Derecho Parlamentario, Observatorio Complutense de la Desinformación, ICON-S, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Agencia Estatal de Investigación, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Red.es, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.